FORMACION DE LOS DOCENTES
Por Ángel Hernández, Rector
Discurso pronunciado con motivo de la Vigésima Octava Graduación Ordinaria de UAPA, 15 de octubre de 2010
Muchos de los aquí presentes me han pedido que me refiera a los problemas sociales, económicos y políticos que afectan el desarrollo de nuestra sociedad, tales como la violencia, la corrupción administrativa sin sanción, las secuelas de la quiebra de los bancos y sus efectos en la situación económica de cada uno de nuestros hogares, los asesinatos y atracos, que parece que han desbordado la capacidad operativa de los organismos de investigación de las fuerzas del orden.
Además, los problemas de la familia, principalmente el tema de la violencia intrafamiliar y las secuelas de muertes, separaciones e hijos con traumas frutos de esos hechos lamentables, el narcotráfico, y sus efectos también de violencia y destrucción de jóvenes a través del consumo; el secuestro, nueva modalidad de violencia y privación de la libertad que ha tomado cuerpo en los últimos años, el racismo, que se expresa principalmente contra los nacionales haitianos o de sus hijos nacidos en suelo dominicano, que ha conducido en muchas de nuestras comunidades a situaciones de violencia y muertes y destrucciones masivas de viviendas humildes y ver el espectáculo horrendo de muchos de ellos corriendo despavoridos para salvar la vida.
También, el tránsito caótico y violento que predomina en nuestras calles y carreteras causando muertes lamentables de jóvenes y adultos que pudieron ser vidas útiles a la patria. Es propicia la oportunidad para felicitar a la AMET por su decisión de controlar a los motoristas, que circulan sin el casco protector y sin documentos y a los camioneros que circulan en nuestras carreteras con las gomas lizas y por el carril de la izquierda, provocando muertes y entaponamientos innecesarios, controles estos que deben ser realizados respetando los derechos humanos de cada conductor.
Todos estas disfunsionalidades, y otras que no mencionamos por razones de espacio, están afectando el desarrollo del país. No es raro escuchar a grupos de amigos hablar sobre estos temas y la gran preocupación que está presente en cada uno de nosotros pensando en cuando nos tocará el turno de ser atracado o de que alguien cercano a nosotros lo sea. Se está desarrollando una especie de psicosis colectiva, que se expresa en hechos tan sencillos como llegar a la casa cada día, ir al supermercado o al cine, esperar a nuestros hijos e hijas y tener la certeza de que ya están en casa.
En cada momento estamos atentos a quienes conducen detrás, al lado o al frente pensando en si nos están siguiendo con fines inconfesables o si son transeúntes circunstanciales. No tenemos la certeza de que si alguien vestido de militar o de policía nos solicita detenernos sea en realidad un agente del orden cuya finalidad es legitima o la de atracarnos. Por lo anterior, la falta de seguridad ciudadana es una limitación muy grande para nuestra calidad de vida. Y lo peor es que estamos perdiendo la necesaria confianza en los mecanismos de seguridad de que dispone el Estado Dominicano
Sin embargo, programas que el gobierno central ha implementado en el pasado para controlar tales hechos como el programa Barrio Seguro y la dotación de vehículos y medios de comunicación a las fuerzas del orden, carecen hoy de la importancia inicial y lucen más bien como políticas que no han logrado los resultados esperados. Es tiempo de reflexionar sobre las mismas y buscar los correctivos de lugar con la finalidad de devolverle la confianza a la colectividad.
Pienso que, en adición a ello, la ciudadanía debería tener una mayor participación en la búsqueda de soluciones, sin caer en excesos como los linchamientos, y que desde el gobierno se debe dar una perspectiva más integrar para relacionar la educación ciudadana y la seguridad. Por ejemplo, los problemas del tránsito vehicular pudieran ser resueltos con un programa de educación vial intensa y un mayor control policial sobre las violaciones a las reglas de conducir. No es suficiente poner una multa a los que violan la Ley de tránsito. Hay que educar no solo a los conductores, sino también a los transeúntes, que por falta de conocimiento de cómo cruzar una calle o una avenida de alta circulación, pueden ocasionar accidentes. Debería ser objeto de multa, por ejemplo, cuando una persona cruza una calle o una avenida teniendo encima un puente peatonal. Esto es tan grave como cuando un conductor viola el semáforo en rojo.
Los que como yo tenemos más de 40 años debemos recordar que en las décadas de los sesenta y los setenta era obligatorio detenerse cuando subían la bandera nacional o tocaban el himno a la patria. Hoy nuestros hijos y nietos no tienen el más mínimo respeto por los símbolos patrios. En gran medida, tanto la labor del hogar como de la escuela ha dejado casi totalmente de lado la importancia de estos valores en la construcción de la nacionalidad. El dejar el grifo de la llave abierto refleja también falta de amor a la patria debido a las dificultades que presentan nuestros ríos y bosques como resultado de la deforestación y la extracción de agregados para la construcción. Fortalecer la educación ambiental ayudaría a fomentar los valores de conservación y uso adecuado de nuestros recursos naturales y garantizarle a las nuevas generaciones un ambiente enriquecido y saludable.
El comportamiento inapropiado de muchos de nuestros conciudadanos tiene que ver con la falta de oportunidades de empleo, que en gran medida está relacionada con las oportunidades educativas a su disposición. En verdad, para muchos de nuestros ciudadanos es sumamente difícil llegar al nivel que ustedes han llegado. El tener un título universitario es un gran privilegio, es sólo un pequeño porcentaje de dominicanos que logra esa proeza, la mayoría no logra si quiera terminar la escolaridad básica. De hecho la escuela está organizada para excluirlos desde el principio, sobre todo a aquellos que provienen de hogares desfavorecidos por los bienes de la riqueza material o cultural. A ellos se les excluye a través de mecanismos sutiles que, como el fracaso escolar, son atribuidos en el discurso pedagógico a razones de mérito o condiciones naturales para aprender. Sin embargo, en las políticas públicas en el sector educación se asume como norte la igualdad de oportunidades, sin tomar en consideración que para eliminar las desigualdades hay que introducir políticas sociales que favorezcan, mediante una distribución desigual, es decir dando más a los que menos tienen, a los más pobres.
Paradójicamente, La Constitución de la República establece, en consonancia con la declaración universal de los derechos humanos, que la educación es un derecho de las personas, la cual es obligatoria y gratuita para todos/as los habitantes del país, sin distinción de sexo, religión, ideología, zona de residencia, origen étnico. Las leyes que regulan la educación del país, en sus diferentes niveles, asumen también dicho postulado constitucional.
Sin embargo, en la práctica dicho derecho no es disfrutado por igual por todos los habitantes, existen exclusiones, es el caso de los hijos de haitianos/as quienes no pueden acceder a los aulas del nivel básico por barreras legales (falta de acta de nacimiento, por ende de existencia legal) y, en caso de ser admitidos no pueden concluir sus escolaridad básica, a menos que durante en 8 años que dura el nivel logren procurarse una acta de nacimiento que regule sus estatus de persona.
Este mecanismo legal de segregación es, en lo esencial, una forma de violencia que conduce a las minorías étnicas a mantenerse a los cordones de miseria existentes en los alrededores de los grandes ciudadanos y que en la práctica es causa de más violencia social.
Tal mecanismo de exclusión no sólo afecta a los nacionales de otros países, sino también a nuestros propios con ciudadanos, que de conformidad con cifras proporcionadas por el Programa de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), carece de acta de nacimiento en un 23%; para estos niños/as el acceso a la escuela sigue siendo también una labor titánica, en especial aquellos que habitan en las zonas rurales y en las periferias de las grandes ciudades.
Para éstos grupos tener éxito en la escuela representa con seguridad el doble de esfuerzo que el que pudiera realizar los que viven en la ciudad. Dicho esfuerzo no sólo es de carácter físico e intelectual, sino también cultural e ideológico, ya que deben asumir la cultura que le es impuesta por los procesos de transmisión e inculcación de valores, normas y procedimientos, propios de los ámbitos urbanos y de las clases más acomodadas.
La escuela como entidad social responsable, junto a los demás agentes de socialización, de la preservación de la cultura y la inculcación de valores tiene ante el comportamiento que exhiben muchos de nuestros conciudadanos, una gran responsabilidad. En las últimas reformas curriculares, en aras del tecnicismo socio – pedagógico, se ha perdido de vista la importancia de la educación ciudadana, que comprende no sólo las normas de cortesía de las buenas relaciones entre personas, sino también los valores cívicos.
En este sentido, para que la reforma curricular que implementa el Ministerio de Educación tenga éxito se requiere de más información a la ciudadanía y sobre todo, más capacitación de los docentes en los principios y la práctica de un currículo integrado como el que se puso en marcha al inicio del año escolara 2010-2011. Y esto conlleva necesariamente a la reforma de los planes de estudio de la carrera de educación de las universidades, labor esta que conduce con mucho acierto el MESCYT.
Si pensáramos el futuro con claridad, teniendo como eje central de nuestras reflexiones el bienestar de todos los habitantes del país, deberíamos aceptar que una condición indispensable para lograr esa aspiración es mejorar las oportunidades educativas de la población, de modo que todos tengan las mismas posibilidades de lograr el desarrollo de sus habilidades intelectuales, sin limitaciones provenientes de la riqueza, la religión, el origen social, la etnia, la ideología o el sexo. Dentro de este contexto es que cobran importancia aquellos programas de asistencia social como lo es la Tarjeta Solidaridad o los programas de desayuno escolar y de becas que se implementan desde el gobierno. Sin embargo, se debería analizar si estas iniciativas están teniendo el impacto esperado en los grupos de población más necesitados y si los mismos han contribuido a aumentar las oportunidades de permanecer en el sistema educativo hasta el máximo de las aspiraciones del individuo.
En la actualidad el Programa de Desayuno Escolar atraviesa por una grave situación derivada de la falta de confianza en la calidad de los productos que se sirven, en especial, la leche. Con frecuencia la prensa nacional refiere casos de intoxicaciones que aparentan no tener explicaciones y las autoridades han elevado la tesis de que esos casos “son actos de terrorismo,” tesis esta que me parece fuera del ámbito de la lógica y que en verdad se orienta a ocultar la falta de control de calidad en un programa social de tanta significación social.
Pienso que las autoridades responsables del tema deberían contratar una institución reconocida por la calidad de sus laboratorios para monitorear la calidad en las plantas procesadoras de la lecha, para garantizar que el producto llegue a las escuelas con la calidad necesaria y tomando en cuenta la necesaria calidad de la cadena de frío, indispensable para que el producto pueda ser servido a los estudiantes.
La clase política dominicana, sin distinción de los partidos políticos de donde provenga, debería aceptar también que durante los últimos 40 años de democracia se ha hecho un esfuerzo muy precario para mejorar la educación nacional. República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que no ha logrado universalizar su educación básica y donde los niveles de calidad de la enseñanza son muy bajos, tal como lo confirman los resultados de la aplicación de la Prueba de Orientación y Medición Académica, POMA, que ha evidenciado la faltas de habilidades intelectuales en nuestros bachilleres, las cuales son importantes para tener éxito en la vida universitaria.
La solución de las limitaciones antes citadas debería ser la prioridad del país. Lograr el consenso pasa necesariamente por una discusión entre todos los sectores de opinión en torno a qué tipo de políticas sociales podría ser más exitosas y de más impacto en los grupos excluidos. Sin duda alguna de estar presente en esos mecanismos de discusión apostaría a darle la prioridad absoluta al mejoramiento de nuestra educación. De hecho, los ejemplos de países que han sido exitosos en el logro de un mayor nivel de bienestar para su población, como los asiáticos, lo han logrado apostando a la educación. Ellos se han puesto de acuerdo en que el sector educativo tiene un potencial enorme en la generación de riquezas, y le han otorgado la prioridad financiera adecuada, ya que el mismo tiene que ver con el mejoramiento de las capacidades del hombre. Nuestro país actúa contrario a esta lógica, invierte poco, menos de un 2% del PIB, y cada gobierno o ministro elabora su propia estrategia para el desarrollo del sector.
Mejorando las oportunidades para que la gente esté más educada, no solo se favorece la solución de los problemas sociales antes citados, sino que también se favorece el disfrute del tiempo libre, se mejora el consumo, la salubridad de la población, las buenas costumbres, la seguridad ciudadana, en fin, se ayuda en la construcción de una sociedad más solidaria, equitativa y más humana. Una sociedad de mayor bienestar para todos y todas.
Ustedes que hoy egresan de estas aulas con un capital intelectual nuevo y con relaciones sociales más extendidas, tendrán la oportunidad durante el ejercicio de su profesión de contribuir no sólo a que otros logren la misma meta, sino también de que la sociedad en su conjunto sea mejor para todos y todas, a que las nuevas generaciones estén orgullosas de ustedes por haberles garantizado un país más seguro, con recursos naturales en abundancia, en donde todos puedan realizar su sueño de una educación de calidad en igualdad de condiciones.
